La economía digital ha cambiado por completo el funcionamiento de las organizaciones por el desarrollo de Internet y los entornos digitales. En este ecosistema, con profusión de dispositivos inteligentes interconectados, los usuarios demandan mayor confianza digital.  Ya nadie duda que las organizaciones pertenecientes a cualquiera de ambos sectores, público y privado, deban garantizar el uso transparente y seguro de los datos que tratan mediante sus servicios en la red.

Transparencia, Protección de Datos y confianza digital

Los ciudadanos desean, con las excepciones previstas legalmente, conocer el tipo de información que disponen las Administraciones públicas, para qué se está utilizando esa información e incluso les resulta importante controlar el uso de la que les afecta. Parte de esos deseos se expresan en forma de principios que se conocen como transparencia, por un lado, y como autodeterminación informativa, por otro. Es decir, de una parte tener el derecho a conocer y, de otra, poder decidir qué se permite hacer, o no, con la información que las organizaciones disponen de uno mismo.

Las organizaciones deben garantizar que todos esos datos están en un entorno seguro y que se usan solo con los fines legítimamente establecidos respecto al titular de esos datos.

Por transparencia  no nos referimos únicamente a conocer la actividad pública y, en su caso, conocer que datos disponen y su posible acceso, sino también qué medidas de seguridad aplican para protegerlos, de modo que se genere confianza en un entorno en el que, efectivamente, la seguridad es un aspecto que preocupa cada vez más a la sociedad.

En un mundo híper-conectado, la ciberseguridad no sólo es una tendencia necesaria y demandada, sino que es una parte fundamental de la seguridad de la información en general, y los cimientos en la construcción digital de una organización, ya sea pública o privada.

La Agenda Digital

Las Administraciones Públicas están llevando a cabo una importante transformación tecnológica con la incorporación de la digitalización, incluyendo en algunos casos  tratamientos de Big Data, tanto de puertas para dentro como de cara al ciudadano. El objetivo de la Agenda Digital es que en 2020 la Administración española sea digital. También en este entorno es clave la ciberseguridad manteniendo siempre un equilibrio entre seguridad y facilidad de acceso por parte de los ciudadanos.

Estamos ante una revolución imparable que, pese a entrañar riesgos, es una gran oportunidad para desarrollar una Administración electrónica extremadamente útil y ágil para el ciudadano. En consecuencia, es el momento de adoptar medidas que demuestren que tanto las Administraciones públicas como las empresas privadas que les proveen soluciones o les prestan servicios, están a la altura que la sociedad demanda. La misión, al fin y al cabo, es desarrollar la seguridad para que aumente la confianza digital de los ciudadanos respecto al Sector Público y a las empresas estratégicas.

Existe una certificación capaz de acreditar con total transparencia ese compromiso con la seguridad y su materialización práctica, que es el Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, dónde una organización independiente evalúa y, en su caso, certifica la conformidad con las disposiciones del ENS.